Para Josefa García Lorente, abogada especializada en discapacidad y representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Foro Justicia y Discapacidad, la implementación de salarios menores se debe a la falta de apreciación de las posibilidades de un trabajador con discapacidad. "No existe una formación empresarial ni social de ver que son personas tan rentables como cualquier trabajador, pero que tienen que respetar sus derechos y limitaciones".
A estas precarias condiciones laborales, se suma el origen empresarial de nuevos Centros Especiales de Empleo. Para algunas compañías ha quedado claro que tener un CEE es un negocio rentable. Prueba de ello, es que han ido creando sus propias empresas de este tipo con el fin de externalizar sus servicios, y beneficiarse de las subvenciones de una forma más directa.
"Antes los Centros Especiales estaban formados a partir de asociaciones de discapacidad. Ahora una forma de alcanzar la cuota del 2% en los grupos empresariales grandes, como Adecco o DKV, es creando sus propios CEE", afirma Eduardo Díaz, director del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD).
Ejemplo de ello son empresas como Schindler S.A., que realizó en 2012 un contrato de servicios con su Centro Especial de Empleo, Schindler 24 S.L., por una suma de más de 4 millones de euros, según la misma base de datos realizada por el SEPE y obtenida para esta investigación.
La presencia de este tipo de centros también ha generado un conflicto para aquellos que llevan más tiempo en el ecosistema de la discapacidad, y que presumen de tener un objetivo más social.
"Hay que distinguir entre un Centro Especial de Empleo formado de la nada, cuya única misión es la integración de personas con discapacidad y otra serie de empresas que se aprovechan de la Ley General de Discapacidad para convertirlo en un negocio", afirma indignado José Luis León Hernández, director general de Roncalli, CEE iniciado por la Fundación Juan XXIII.
Sin embargo, las buenas intenciones no bastan ni para los CEE con valores sociales. "El reto de un Centro Especial es mantener el equilibrio de la integración de las personas con discapacidad y a la vez su rentabilidad. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro pero debemos ser autosuficientes y abastecernos", explica el director del centro, que tiene una plantilla de 365 empleados, de los cuales 86% son personas con discapacidad.
Una práctica común de externalización de servicios a través de la creación de un CEE propio, es con un call center o centro de atención telefónica para el cliente, como es el caso de empresas como Konecta y Schindler.
"Una aseguradora que crea un call center con personas con discapacidad lo que hace es externalizar un servicio que prestan y abaratan costes", dice Díaz, el director del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.
Schindler defiende la creación de su propio CEE, un contact center, con la razón de que así la empresa tiene control total de los procesos gestionados en el centro especial de empleo.
"Dado que el proceso de Atención Telefónica es una actividad distinta a la de fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores, requiere un personal especializado, con una importante inversión en infraestructura de comunicaciones y servidores. Por ello, al estar previsto emplear a una gran mayoría de personal con capacidades diferentes, Schindler decidió crear una empresa independiente que constituyese un Centro Especial de Empleo", responde Rosa Amat, portavoz de Schindler.
La discusión se centra en qué vale más: si el empleo que se le da a las personas con discapacidad, a pesar de la baja calidad del mismo, o el hecho de que a fin de cuentas se trata de un puesto de trabajo.
"Si una empresa grande tiene un CEE y contrata a 2.500 personas con discapacidad, lo que hace es coger de manera legal las subvenciones. No es muy ético, pero al final, hay 2.500 personas trabajando", explica Luis Alonso Calzada, director gerente del CERMI.
Manuel Amil, director gerente de Amilaxa Servicios Generales, un Centro Especial de Empleo ubicado en Galicia, tiene una postura más firme, pero reconoce que hasta ahora tampoco hay otra alternativa. "No creo en los CEE, creo en la contratación normalizada. Para mi son un gueto, pero un gueto necesario, porque si no existiesen, habría que inventar algún otro sistema para que las personas con discapacidad tuvieran una oportunidad de trabajar".
Para Díaz, "no es que la ley intente ser perversa, piensan que así quizá puedan llegar a un mayor número de empresas que pongan CEE e integren a más personas con discapacidad al mundo laboral, pero se generan todas las perversiones posibles".
Tanto Rodríguez como Díaz coinciden en que una solución sería distinguir al momento de dar las subvenciones entre un Centro Especial de Empleo con corte social y uno de raíces empresariales, y prohibir que el contrato sea con aquel de la empresa matriz.
