Antonio Muñoz Molina/El País
Dice el Tao Te Ching: “El que sabe, calla; el que habla no sabe”. Quizás el que sabe algo está tan ocupado en su aprendizaje o en su trabajo que no tiene tiempo de hablar; y también puede ser que calle no por propia voluntad sino porque nadie le pregunta. En el ya consabido espectáculo colectivo de los golpes de pecho y las acusaciones a otros después del último Informe PISA he oído opinar copiosamente a expertos universales de tertulia, a catedráticos de didáctica, a consejeros autonómicos, a portavoces virulentos de partidos políticos, incluso a una ministra de Educación que no había levantado la voz hasta ahora. Lo que no he visto ni oído en ningún medio impreso o digital, televisivo o radiofónico, ha sido a ningún maestro ni maestra, a ningún profesor de instituto, y ninguno de universidad, salvo los especialistas en saberes arcanos como la Didáctica o la Psicopedagogía.
Habría bastado con consultar a dos o tres de ellos en estos últimos años para predecir lo que el informe, con su sobreabundancia de porcentajes tan específicos como dudosos, ha venido a revelar. Los grandes especialistas en cuestiones teóricas y en retorcimientos verbales que encubren prestigiosamente el vacío se parecen quizás a los miembros de los servicios secretos en que están tan ocupados en sus propias maquinaciones que no tienen tiempo de observar la realidad, o no la consideran digna de su egregia atención. Los miembros de la que se llamó hace años “la secta pedagógica” llevan décadas elaborando planes cada vez más complicados y más ininteligibles para mejorar de una vez por todas los sistemas educativos, y en convencer a los dirigentes políticos de la solidez de sus volubles innovaciones doctrinales y lingüísticas, pero ni unos ni otros han considerado nunca necesario consultar a los profesores acerca de la aplicación de sus teorías en las aulas, y menos aún de las condiciones en las que se ejerce a diario el oficio noble y desdeñado de enseñar.
Nada ofende más a los ideólogos de grandes planes redentores que la obcecación de la realidad en no acomodarse a sus vaticinios. Cualquier fracaso en la acelerada industrialización soviética se atribuía no al disparate organizativo de los planes quinquenales, sino a los sabotajes de ingenieros a sueldo de la contrarrevolución imperialista. Con mucha frecuencia, los comisarios políticos de la educación en España —tan aficionados a la burocracia como los soviéticos— echan la culpa del incumplimiento de los resultados que ellos esperan y exigen a la mala fe, a la indolencia, al conservadurismo de los profesores, que si tienen ya cierta edad son culpables de no saber adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos métodos. Como no se les puede deportar —y ni siquiera despedir, en muchos casos— se ha intentado todo, hasta comprarlos. En eso fue pionera Andalucía en 2008, en tiempos de gobierno regional socialista: a los profesores se les ofrecía un bono si aumentaban el número de aprobados. Con eso no se mejoraba la enseñanza, y ni siquiera la economía siempre modesta del profesorado, pero sí se lograban estadísticas más vistosas, indicadoras del éxito contra el fracaso escolar.
No he hablado en los últimos años con ningún profesor que no mostrara su asombro y su alarma por una caída brusca no ya en esos resultados escolares que pueden cuantificarse, sino en la actitud de los alumnos, en su capacidad de atención y comprensión, en su interés por las cosas, lo mismo en el instituto que en la universidad. Un amigo me cuenta el primer día de su clase de historia contemporánea, en un aula lleva de estudiantes de primer año a los que se supone un interés en esa materia que al fin y al cabo han elegido. Empieza a hablar del 11 de septiembre de 2001 y del modo en que el atentado de las Torres Gemelas cambió de golpe la política mundial, y observa miradas de extrañeza y desconcierto en las caras jóvenes. Entonces se le ocurre pedir que alce la mano quien sepa qué ocurrió en Nueva York ese 11 de septiembre: solo una mano insegura se levanta, imagino que acompañada por el antiguo miedo escolar a que lo acusen a uno de empollón.
Esos alumnos estaban en una universidad española: hoy hemos sabido que a una parte considerable de la gente joven en Nueva York tampoco les suena, o solo vagamente, lo que ocurrió en su ciudad aquel día, y pareció que la marcaba para siempre. Alguno, un poco más informado, aventura que hubo un atentado con aviones, pero que se estrellaron contra el Empire State.
Nuestro consuelo de tontos es que el progreso de la ignorancia es universal, tan rentable para los nuevos fascistas y para los milmillonarios psicópatas y antisociales de las grandes compañías tecnológicas. Y la sórdida variante española es el espectáculo de los expertos de todo tipo pontificando sobre lo que no saben ni les importa y de los políticos utilizando un desastre que nos afecta a todos como munición para culpar a los otros y evitar cualquier autocrítica o asumir cualquier responsabilidad. Unos y otros son culpables por igual de la manía de imponer nuevas leyes de educación cada vez que llegan al poder, y de hacer atolondradamente, sin debate verdadero, sin rastro de consenso, sin prevenir los medios necesarios y por supuesto sin consultar a quienes tienen el oficio de poner en práctica esas leyes. Unos y otros son responsables desde hace muchos años de los bajos sueldos y la precariedad de muchos profesores, que no escapan de ella después de aprobar una oposición, de las bajas que no se cubren, las instalaciones que se deterioran sin que las arregle nadie, incluyendo una necesidad tan elemental en estos tiempos como la refrigeración en las aulas y la sombra en los patios, del papeleo incesante que estorba tanto la tarea de enseñar, y de la pérdida de respeto hacia los profesores, equivalente a la falta de consideración hacia el saber y de simple y anticuada buena educación.
En un país en el que los padres de un alumno de universidad pueden acudir al despacho del profesor para quejarse de la nota de su hijo se ve que hay responsabilidades muy compartidas, y que no todas ellas se remedian con medidas políticas. En su laberinto de estadísticas, el célebre informe mide el porcentaje del daño educativo que corresponde al desorden en las clases, según los minutos que un profesor tarda en imponer cierto grado de silencio, de modo que si queda algún alumno con capacidad de atención pueda aprender algo. En mis tiempos escolares, el orden en el aula estaba garantizado por la bofetada y la palmeta: en una sociedad democrática y bien educada, el valor que se atribuye al aprendizaje debería reflejarse en el respeto a quien lo imparte y a la comunidad igualitaria de estudio que él o ella forma con los alumnos.
Aquí las responsabilidades están más repartidas todavía. Está el profesor demagogo que se hace el payaso o el coleguita, y está el entorno en el que toda disciplina se vuelve sospechosa de imposición represiva, y está la familia que abdica del deber y la tarea fatigosa de educar, y en la que a los hijos se les pagan clases de piano o de jiu-jitsu, pero no se les enseña a ser considerados hacia los otros y a no cerrar de un portazo o no tirar al suelo el envoltorio de un helado. A leer no se aprende solo en la escuela: un padre, una madre, una abuela, lee en voz alta al niño y le enseña así el valor mágico de las palabras escritas, y cuando va con él por la calle y el niño señala un cartel y pregunta qué pone ahí se lo lee y se lo explica. Cuando veo un bebé con una pantalla delante, o un padre y una madre y unos hijos de ocho o nueve años perdidos cada uno en su teléfono en un restaurante, siento tristeza, ira, lástima. La lástima es hacia esos niños a los que se les están saboteando dos de las facultades mejores del ser humano, el conocimiento y la imaginación.
