Juan Claudio de Ramón Jacob (Madrid, 1982) es escritor. Se licenció en Derecho y en Filosofía. Le interesan la historia de las ideas políticas y el futuro de España y de Europa. Colabora en medios como El Mundo, El País, The Objective, Letras Libres, Revista de Libros, Jot Down, Claves de Razón Práctica, Nueva Revista y El Ciervo. En 2018 publicó Canadiana: viaje al país de las segundas oportunidades (Debate) y Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (Deusto). Participó en la obra colectiva Anatomía del procés: claves de la mayor crisis de la democracia española (Debate). Con Aurora Nacarino-Brabo coordinó La España de Abel: 40 jóvenes españoles contra el cainismo en el 40.º aniversario de la Constitución española (Deusto). Su artículo “El final del paradigma Ortega-Cambó” mereció el VIII Premio Antonio Fontán de Periodismo Político.
Se llama Central Remota para las Operaciones de Socorro Sanitario (CROSS en su sigla) y tiene una tarea fundamental: cuando una región agota las camas disponibles en sus hospitales, el sistema se activa buscando soluciones para el traslado de los pacientes a estructuras hospitalarias de regiones limítrofes. ¿España? Va a ser que no: Italia. Un país que, al igual que el nuestro, tiene su sanidad descentralizada por mandato constitucional igual que el nuestro. En lo peor de la pandemia, durante los 67 días transcurridos desde el 9 de marzo hasta el 20 de mayo, fueron 116 los italianos pacientes de COVID-19 u otras enfermedades que, mediante ambulancia, helicóptero o avión, fueron transferidos de su lugar de residencia a una región que podía darles cuidado. También en Francia, al saturarse las capacidades sanitarias de París, se medicalizaron trenes de alta velocidad para trasladar pacientes a regiones menos golpeadas por el virus.
Nada de esto ocurrió en España. El Ministerio de Sanidad español llegó a anunciar que contemplaba la movilidad intercomunitaria de pacientes y el Ministerio de Fomento dijo haber medicalizado vagones de tren que, sin embargo, nunca fueron usados. La falta de protocolos claros y conocidos dejó los casos de traslados entre comunidades en anecdóticos. En Murcia se recibieron dos pacientes de Albacete. El préstamo de equipamientos sanitarios tampoco fue un recurso optimizado. El presidente gallego Núñez Feijoo tuvo que defender en el parlamento de Galicia la decisión de enviar respiradores a Madrid en el pico de la crisis. Le reñía Antón Sánchez, el portavoz del Grupo Común da Esquerda: la izquierda.
“Uno puede seguir pensando que la mejor planta organizativa para el Estado, la que más se ajusta a la constitución histórica del país, es la federal o autonómica, y al mismo tiempo creer que, de no proceder a una rápida desfeudalización del estado autonómico realmente existente, la corriente subterránea (y cada vez más terránea) de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos”
Evitemos la demagogia. Trasladar un paciente a larga distancia no es fácil y a menudo ni siquiera es aconsejable. Pero si hay un país donde hubiera ayudado la existencia de protocolos que lo facilitaran ese es España. Pero España, como quien dijo, is different. En 2018, el Congreso tumbó, con los votos en contra de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas, la propuesta de Ciudadanos de crear una tarjeta sanitaria única y un historial clínico digital accesible desde cualquier punto del país. No es que la propuesta se juzgase centralista, que también: es que se juzgó “retrógrada”: “Qué poco entiende usted el Estado autonómico”, reprochó la representante socialista a Francisco Igea, a la sazón portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria. Cierto: los sistemas pueden ser “interoperables”, pero mejor que eso, para facilitar la vida al usuario, es que sean comunes. Pero “común” es, ay, la palabra tabú en España, que enciende todas las sirenas, eriza todos los cabellos, borra todas las sonrisas y amotina, ay, a todas las izquierdas (o al menos, a los partidos que se presentan bajo esa advocación espacial). No, si es común no se puede. Trabajoso y problemoso ha sido ya que el app de rastreo de contagios del Covid-19 fuese común, aunque, a la vista está, dada su deficiente implantación, que decir “interoperabilidad” no equivale a conseguirla. (Con esta nota esquizofrénica añadida: los partidos que rehúsan como gato panza arriba los procesos de armonización y comunitarización en el marco español, los promueven y celebran en el ámbito europeo como signo de progreso; como si el rancho aparte que pide Puigdemont fuera bueno y malo el que pide Orban). Pero cosamos todavía un botón más en esta muestra: ante el debate en torno a si hay profesionales de la medicina en número bastante en España para capear la crisis sanitaria, me entero, leyendo a Rafael Matesanz (ABC, 27 de septiembre) que no existe en España un registro estatal de médicos, “algo tan elemental que nos permitiera saber en cada momento las disponibilidades, prever jubilaciones y planificar las necesidades con antelación, ha sido reiteradamente solicitado por las organizaciones profesionales, prometido por distintos ministros y nunca llevado a cabo”. La autoridad de Matesanz proviene, dicho sea de paso, del prestigio que le otorga haber llevado a la excelencia mundial una de las pocas cosas que los españoles aún tenemos en común, la Organización Nacional de Trasplantes. Por ahora los órganos vitales de los ciudadanos españoles no sufren tacha de “invadir competencias”. Se ve que el centralismo no es obstáculo para que te donen un riñón.
