"Empresas por una sociedad libre de violencia de género". Este es el título mediante el cual el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentaba esta semana la iniciativa puesta en marcha con 33 empresas para la "sensibilización" contra la lacra social del machismo. Un convenio por el que estas firmas se comprometen a trabajar en campañas de concienciación o en la reinserción laboral de las víctimas, pero que está tan cargado de buenas intenciones como de incongruencias.
Entre los nombres que componen la lista aparecen entidades que acumulan un largo historial de denuncias por trato discriminatorio a sus empleadas o explotación de mujeres dentro y fuera de las fronteras españolas.
Zara, cabeza del imperio del millonario Amancio Ortega, ha sido condenada en varias ocasiones por despedir a dependientas acusándolas de robar, después de que hubieran solicitado la jornada reducida por maternidad. Otro tanto ocurre con los grandes almacenes, obligados por los tribunales a ofrecer horarios más conciliadores a sus trabajadoras.
¿Por qué se firma un convenio contra la violencia de género con empresas que no cumplen con los principios de igualdad con sus propios empleados? "Todas las empresas han dejado claro su compromiso con las víctimas de violencia de género en esta firma. Ahora, que luego incumplan con los protocolos de la Ley de Igualdad es diferente. Es una vía distinta y el Gobierno va a reforzar la vigilancia e inspección en este sentido", aseguran desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio.
Inditex, Mango y El Corte Inglés han sido denunciadas por explotación de mujeres en el extranjero.
