Los economistas dicen que si le retuerces el cuello a una estadística acabará confesando lo que quieras. De eso precisamente fue acusado el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en febrero, cuando el líder de la oposición, Pachi Vázquez, exhibió una circular de la Consellería de Traballo que ordenaba marcar con una clave de suspensión a los parados "que no recibieron ningún servicio en los últimos años".
Inés Viqueira no computó como parada durante dos semanas
Con el acuerdo de los sindicatos UGT y CC OO, cerca de 55.000 personas comenzaron a ser identificadas con la secuencia S-698. Una "tropelía de muy dudosa legalidad" para la oposición, que, sin embargo, y teóricamente, es inocua para la estadística. Es lo que asegura la Xunta y así lo ha reconocido el Gobierno central a través del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez: ninguna comunidad autónoma puede inventarse códigos para maquillar los datos, aunque sí pueden identificar de manera interna a ciertos colectivos.
El Ministerio, que recibe los informes mensualmente de los distintos Gobiernos autónomos a través del sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), determina quién computa o no en las listas. Y a los parados que están anotados en un curso de formación se les asigna un código común en todas las autonomías que los suspende temporalmente de los registros oficiales. Para las cifras del paro ellos no cuentan, como tampoco los demandantes de empleos de menos de 20 horas a la semana o los que rechazan acciones de inserción.
La oficina del Servizo Galego de Colocación a la que está adscrita Inés Viqueira, que ayer cumplió 29 años, le informó el pasado 22 de julio que estaba "suspendida en el paro". Ella, que lleva un año y medio sin empleo desde que no le renovaron el contrato en un call-center, va cada tres meses a pasar revista por la oficina de Ordes. Además de la visita habitual le tocaba suscribir la prórroga del subsidio y realizó una consulta para saber cuánto tiempo le quedaba por cobrar. "Me dijeron que me habían suspendido, que allí figuraba como que estaba haciendo un curso de formación. Yo no me había enterado", asegura.
La suspensión tenía fecha del 15 de ese mes. En los registros de la oficina, a su ficha se le había asignado la clave de orientación creada por la Xunta, y tras una consulta al departamento de Prestaciones en Santiago, le confirmaron que también estaba bajo el paraguas de la clave de formación, esa que en Madrid borra a los desempleados.
"Estuve dada de baja unos 15 días, hasta el 8 de agosto. No sé si seré la única a la que le ha pasado esto, supongo que no. Supongo que es una cuestión de política", desconfía. Ni siquiera es probable que la confundieran, porque como solo ha cursado el graduado escolar no puede acceder a los cursos de formación ocupacional que ofrece el servicio público de empleo. "No me han dado ninguna alternativa. Te exigen que seas graduado en ESO o de lo contrario no puedes entrar, y no veo justo que me obliguen a tener un nivel de estudios. Estoy separada, tengo un niño de cuatro años y no puedo ponerme a estudiar ahora aunque sea joven".
