VIOLACIÓN POR PATERNALISMO

 Cesárea innecesaria obligatoria. "Protocolos covid" y violencia obstétrica, dos imágenes de la hubris médica, soberbia desmedida de la Ginecología Obscena y la Salud Pública Ignorante.

La violación por un paternalismo encumbrado y acientífico

¡Sin castigo! 

-Juan Gérvas-

Marta Borraz/El diario.es
El caso de una mujer sometida a una “cesárea forzada” por tener covid llega al Constitucional: “Me sentí un trozo de carne”

Nadie le explicó a Teresa en el momento en que estaba a punto de dar a luz a su tercera hija que le practicarían una cesárea. Llegó al hospital el 1 de abril de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus, ya con el proceso de parto muy avanzado, pero en el momento en el que la matrona confirmó que presentaba dilatación completa, fue trasladada a quirófano para la cirugía. No había motivos obstétricos para ello, pero Teresa había dado positivo en covid y el hospital había aprobado dos días antes un protocolo en el que ordenaba terminar todos estos partos por la vía de la cesárea.

“Para mí fue horrible. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me pudieran hacer una cesárea porque yo notaba que mi hija ya estaba a punto de salir. El primer momento fue desgarrador, me di cuenta de lo que estaba pasando porque noté el corte en la tripa”, explica más de cinco años después la mujer, que dio a luz en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Teresa, que aunque ha querido salir con su imagen en este reportaje prefiere no usar su nombre real, llevó al Servicio Cántabro de Salud a juicio, pero dos sentencias rechazaron que se hubiera producido una vulneración de sus derechos fundamentales. Lo que sí consideraron probado es que había sufrido una “cesárea forzada”.

Ahora el caso acaba de llegar al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por su defensa. Los magistrados tendrán que pronunciarse sobre la colisión de derechos entre la salud pública y la individual porque hasta ahora no ha emitido doctrina sobre casos de intervenciones forzadas por motivos de riesgo para la salud de la población general ni tampoco cuando estas se dan sin autorización o ratificación judicial, como ocurrió. Preguntada la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria por el proceso, ha preferido no entrar a hacer valoraciones.

El origen del caso se remonta a abril de 2020, solo dos semanas después de que el Gobierno confinara a los españoles en sus casas frente a la expansión del coronavirus. Dos días antes de que Teresa diera a luz, la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital había emitido una directriz en la que estipulaba que la vía de finalización de todas las gestaciones en caso de covid positivo sería la cesárea. “Todas las experiencias de otros países así lo aconsejan y desde el punto de vista de nuestra seguridad, es lo mejor que podemos hacer”, justificaba la sanitaria, que cerraba el texto afirmando: “Nuestra seguridad y la de nuestras familias es lo más importante ahora”.

No se siguió el procedimiento

La instrucción dio lugar a que la mujer fuera sometida a una cesárea “en contra de su voluntad”, según da por hecho la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 2 de Santander a la que ha tenido acceso elDiario.es. El órgano judicial estudió el recurso presentado por Teresa contra la resolución del Servicio Cántabro de Salud, que había denegado su petición de reclamación patrimonial por lo ocurrido. Y el fallo, aunque concluyó que practicar la cesárea fue “una decisión acertada”, estimó parcialmente las alegaciones. De hecho, condenó al organismo público a indemnizarla por tratarse de una intervención forzosa en la que no se recabó el consentimiento ni oral ni escrito de la mujer a pesar de su “negativa reiterada”.

Teresa recuerda “como si fuera ayer” cómo durante todo el rato imploraba para que “me dejaran empujar” y no le hicieran una cesárea mientras “lloraba sin cesar”. Tanto es así que antes de que la sedaran del todo, llegó a escuchar una voz en el quirófano que decía “pero parad ¿no la estáis escuchando?”, asegura. “Me hicieron sentir que no importo, como si fuera un cacho de carne tirado en una camilla. Nadie se dirigió a mí ni se detuvo a explicarme con un mínimo de empatía lo que me iban a hacer”, afirma la mujer, que pudo sostener en brazos a su hija por primera vez ya en casa. La bebé salió del hospital a los dos días, pero ella tuvo que estar cinco más por “complicaciones” tras la cirugía.

La sentencia señala que, durante el juicio, una de las ginecólogas aseguró que Teresa había consentido la cirugía porque “de lo contrario se hubiera ido”, pero el juzgado contradice esta versión y recalca que los profesionales no respetaron el “procedimiento adecuado”. No solo porque “no se le dio información oportuna” a la paciente –aunque después matiza que Teresa, al ser enfermera del mismo hospital, sabía que la cesárea era una posibilidad–, sino que “su falta de consentimiento no se hizo constar por escrito”. Tampoco se solicitó una ratificación judicial en 24 horas, como estipula la ley, ni se aludió a la “existencia de un protocolo consensuado por el servicio dos días antes”.

El fallo, confirmado después por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, no dio la razón a Teresa, sin embargo, en que la cesárea vulnerara sus derechos. Así, la sentencia concluye que la operación fue conforme a la ley debido a la “situación excepcional” de inicio de la pandemia, en la que terminar el embarazo en quirófano “era lo que aconsejaba la prudencia”. Eso porque los protocolos, que “debían adaptarse de manera rápida y a veces insegura”, buscaban “preservar la salud de las personas y evitar la ya preocupante propagación del coronavirus”. Así pues, la jueza estima que el hospital actuó “con respeto” a la ley y “al conocimiento científico disponible” en un contexto extremo de “miedo y pánico generalizados” de los médicos y la población general.

La evidencia científica

Teresa, a través del equipo jurídico de Medusa, presentó entonces el recurso de amparo que tendrá que estudiar ahora el Tribunal Constitucional. En él, la mujer considera que la cesárea se practicó “sin criterio obstétrico, sin su consentimiento y sin consideración de la evidencia científica disponible en ese momento”. “La actuación sanitaria, con el fin de salvaguardar la salud de los profesionales sanitarios y sus familias, vulnera el derecho de la demandante a su integridad física amparado por el artículo 15 de la Constitución”, apunta el texto.

La directriz de la jefa de servicio de Ginecología “ni siquiera se basó en la escasa evidencia” que había, explica el recurso, que remite a un documento del Ministerio de Sanidad del 17 de marzo. La guía señalaba entonces que la decisión sobre cómo finalizar los partos debía ser “individual y multidisciplinar” teniendo en cuenta en primer lugar “el criterio obstétrico” si el estado de salud de la madre no permite el parto vaginal y “en segundo lugar, el principio de precaución y protección para el personal que la asiste”.

La enorme incertidumbre ante el covid que se vivía en aquellos momentos, con hospitales colapsados, escasa previsión y datos que cambiaban casi cada hora, llevó a que en España el número de cesáreas se incrementara considerablemente, según una investigación publicada en Journal of Clinical Medicine. El estudio cifró en el 35,9% la proporción de gestantes con coronavirus a las que se les practicaron entre marzo y septiembre de 2020, sobre todo, a aquellas en estado grave que presentaban neumonía bilateral. En aquel momento, morían al día cientos de personas por covid.

“Yo era asintomática desde hacía 15 días. Si hubiera estado mal y me lo hubieran explicado, yo misma hubiera entendido que quizá no había otra opción, pero no fue el caso”, esgrime Teresa, que no entiende que nada más dar a luz, la bebé “fuera entregada al padre, también positivo en coronavirus”. El recurso también considera que los tribunales han vulnerado la tutela judicial efectiva de la mujer porque cree la defensa que las sentencias no detallan qué beneficio concreto para la salud pública tenía practicar una cesárea “en contra de la voluntad de la paciente” frente a un parto vaginal.

Hoy tendría 53 años

 Omayra Sánchez Garzón (28 de agosto de 1972 - noviembre 16, de 1985. Después de 3 días de agonía). Hoy tendría 53 años. Su vida y su muerte son una metáfora del dolor y la esperanza.

Ella nos bendice con sus ojos llenos de fiebre. 

Celebramos con ella una "Misa sobre el mundo" y entonamos el Himno a la materia. 

Ella es familiar, paisana, amiga, compañera de todos los que se llevó la avalancha de Armero. Nos conduelen, nos sacuden, nos interpelan. Omaira hoy está vigente y nos habla, nos mira, nos acompaña, como en sus últimos días y horas, con su inmenso amor.

Franca Viola, la importancia de decir "no"

Tenía diecisiete años.
Y la ley decía que debía casarse con su violador… o ser deshonrada para siempre.
Ella dijo no.

En 1965, Franca Viola era una adolescente que vivía en Alcamo, Sicilia, cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de Italia.
Pero antes de hacerlo, tuvo que sobrevivir.
Franca había terminado su relación con Filippo Melodia, un hombre con vínculos con la mafia que no aceptó el rechazo.

La casa del saber/facebook

El 26 de diciembre de 1965, Melodia y un grupo de hombres armados irrumpieron en la casa familiar. Golpearon a su madre.
Secuestraron a Franca y a su hermano pequeño, Mariano, de ocho años, que intentó desesperadamente defenderla.
Mariano fue liberado. Franca, no.
Durante ocho días, fue retenida, violada y amenazada, obligada a aceptar un matrimonio con su agresor.

Porque en la Italia de 1965, esa era la “solución”. Era la ley.
El artículo 544 del Código Penal italiano permitía que un violador evitara la cárcel si se casaba con su víctima.
A esto se le llamaba matrimonio reparador (matrimonio riparatore).
La idea era que el matrimonio “restauraría” el honor de la mujer, supuestamente destruido por la violación.
Su honor, no su crimen.
Y no hablamos de tiempos antiguos. Era 1965 — el año en que los Beatles cantaban Yesterday y Estados Unidos enviaba tropas a Vietnam.

En la Italia moderna, las mujeres violadas debían casarse con su agresor o vivir como parias, “manchadas” para siempre.
Cuando Franca fue finalmente liberada, todos —su comunidad, la sociedad, incluso parte de su familia— esperaban que hiciera lo que hacían todas las mujeres:
aceptar el matrimonio y seguir adelante con su vida “reparada”.

Pero Franca dijo no.
Ese simple “no” quebró un sistema que llevaba siglos oprimiendo.
Ante los jueces, los periodistas y todo el país, Franca Viola declaró:
“No quiero reparar un crimen que no cometí. Quiero justicia.”
Fue un escándalo.
En Sicilia, una mujer que se negaba a casarse con su violador no solo era “deshonrada”: también arrastraba la vergüenza sobre su familia.
Su padre recibió amenazas, pero nunca se rindió.
Dijo con firmeza:
“El honor no se repara con un matrimonio. Se pierde cuando se niega la verdad.”

El juicio, en 1966, fue histórico.
Filippo Melodia fue condenado a once años de prisión, un hecho sin precedentes.
Por primera vez, una mujer siciliana no fue vista como una víctima “sin honor”, sino como una mujer digna y valiente.

Italia tardó todavía años en cambiar la ley.
No fue hasta 1981, dieciséis años después del secuestro de Franca, que el Parlamento italiano abolió el matrimonio reparador.
Pero aquel día, en el tribunal de Alcamo, la historia ya había cambiado para siempre.

Franca Viola se casó años después, por amor, con otro hombre.
Vivió discretamente en su pueblo natal.
Siempre rechazó ser vista como una mártir:
“Solo hice lo que cualquier mujer debería hacer.
El verdadero deshonor es renunciar a la libertad.”

Hoy, su nombre se enseña en las escuelas italianas.
Es un símbolo del valor, la dignidad y la libertad femenina.
Una adolescente de diecisiete años que se atrevió a decir no cuando todo un país esperaba que guardara silencio.
Y ese no cambió Italia para siempre.

Rosa Magallón, catedrática: “La universidad debería formar buenos médicos generalistas, no ser una academia para aprobar el MIR”

Alberto Pardos y Rosa Magallón preguntándose en un
Seminario de Innovación Primaria (SIAP) por qué hubo
exceso de mortalidad en la Pandemia COVID 19

Pablo Linde/El País

Rosa Magallón se convirtió en abril en la quinta catedrática de Medicina de Familia de España, la primera mujer. Nacida en Zaragoza hace 65 años, se declara “muy contenta” y se felicita por empoderar a sus “colegas femeninas”. Unas semanas después de asumir su nuevo cargo, charla con EL PAÍS por videoconferencia.

Pregunta. Enhorabuena.

Respuesta: Gracias. Cuesta mucho todo y en algunas especialidades, y siendo mujer, más. 

P. ¿Por qué?

R. Las facultades están siempre unidas a un hospital, y eso dificulta el acceso de la Medicina de Familia a la Universidad. Y hay quien piensa que la vida inteligente solo está en los hospitales. 

P. ¿Cómo se explica que hasta 2025 no haya habido una mujer catedrática en una profesión tan feminizada?

R. Seguimos estando menos empoderadas que los hombres a la hora de asumir aspectos inherentes a nuestra profesión. Las competencias de un médico de familia son la asistencia, la investigación, la docencia y las actividades comunitarias, pero se lo come todo la asistencia. Esto pasa también en los hospitales, aunque allí tienen una visión más amplia de que en sus competencias también entra la investigación y la docencia. Y luego está el tema de la conciliación. Yo en mi carrera tengo un periodo de 10 años en el cual no hice nada más que consulta y dedicarme a la crianza. Eso en hombres de mi edad es distinto, probablemente en esa década hubieran tenido más tiempo para compaginar estas actividades. 

P. ¿Cuál es el papel de la Medicina de Familia en la universidad?

R. Nosotros tenemos una asignatura optativa en la Universidad de Zaragoza desde el año 2006, y obligatoria desde el año 2010. Pero es insuficiente. Nos llamamos Obstetricia, Ginecología y Medicina de Familia porque no conseguimos tener una asignatura de seis créditos. Tenemos asignados tres y tenemos que compaginar asignaturas con otras. En otros sitios la comparten con Salud Pública. Nuestra visibilidad es muy limitada, muchísimo más de la que nos corresponde, porque el 40% de los que van a salir de la carrera serán médicos de familia. Y los estudiantes llegan a quinto sin ninguna formación clínica más allá del hospital, con una visión muy hospitalocentrista. Cuando la descubren, dicen que la medicina de familia es muy difícil porque tienen que coordinar todo.

P. Están acostumbrados a segmentar la salud en compartimentos, como si fueran estancos, y no lo son.

R. Sí, te pongo un ejemplo: en los casos clínicos, con ocho o diez alumnos, les presento un caso hipotético de un paciente con tos. Y me dicen: ¿pero de qué asignatura es? Y yo les digo: el paciente no te viene a consulta diciendo que tiene tos de cardiología. Es un ejemplo de que estamos dando una formación microespecializada y no generalista.

P. ¿Cómo repercute esto después en la asistencia, en el sistema?

P. La universidad debería formar buenos médicos generalistas, no ser una academia para aprobar el MIR, que es en lo que se ha convertido a menudo. Al terminar la carrera tienen que saber manejar una lumbalgia, diagnosticar una cefalea. No tienen por qué saber cuál es la última prótesis de titanio para la rodilla, pero sí saber explorarla. La especialización vía MIR en España es muy potente e igualitaria, pero la de grado ha sido muy penosa. En el mundo hay 200 departamentos de Medicina Familiar y en España, cero. 

P. ¿Qué va a hacer desde su cátedra para enmendarlo?

R. Ahora mi papel es poner en valor la Medicina de Familia, decir que el hospital y la fascinación tecnológica están muy bien, pero tenemos que hacer ver la importancia de la Medicina de Familia, los factores biopsicosociales de las enfermedades; una visión holística que a muchos estudiantes, cuando la conocen, les hace recordar por qué quisieron ser médicos.

P. Pero muchos centros de salud están saturados, algunos colegas se quejan de una carga asistencial asfixiante, de demasiada burocracia, no parece un panorama que incentive la vocación.

R. Bueno, yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el medio urbano, en un barrio con un nivel socioeconómico medio-bajo, con buena presión asistencial. Y he tenido una vida profesional muy satisfactoria. A mí los pacientes me han enseñado latín. Siempre digo que somos unos voyeurs de la vida. Uno de los factores más importantes de la medicina familiar es tener siempre los mismos pacientes. Hay artículos brutales que han puesto en evidencia que la longitudinalidad[el mantener el mismo médico a lo largo de la vida] disminuye la morbimortalidad. Hay ensayos clínicos con muchísimo dinero que muestran que un fármaco oncológico aumenta unos meses la esperanza de vida, que están muy bien, y no se tiene en cuenta la longitudinalidad. 

P. ¿Por qué cree que no se actúa en consecuencia y las administraciones no cuidan más la Atención Primaria?

R. Hay que recuperar el valor esencial. La Primaria no es la puerta al sistema. Nosotros no somos porteros de nadie. En todo caso, como diría Verónica Casas, somos la entrada, la salida, el centro y los laterales. Pero no vende, no salimos tanto en los medios como el ensayo oncológico. Pero luego a los pacientes les preguntan y lo que quieren es tener siempre al mismo médico y la misma enfermera. Ellos son conscientes de la importancia.

P. ¿Por qué están sus colegas tan quemados?

R. Hemos vivido en la cultura de la queja, tenemos que empezar a abandonarla. Luego vas a los estudiantes, les preguntas y, aunque salen más tarde que los compañeros, no se cambiarían. Es verdad que tenemos motivos para quejarnos, pero no porque no estemos satisfechos con la especialidad.

P. Quizás es difícil el equilibrio entre reivindicar mejores condiciones en la Atención Primaria y no espantar vocaciones de médicos jóvenes.

R. También te digo que si tienes que ver a un paciente 20 minutos, lo ves. No somos una cadena de montaje de coches. Si llega una paciente que te dice que la acaban de violar, cierras la consulta y no pasa nada. Los cinco minutos por paciente es una media. Otro problema es que nuestros compañeros del hospital no saben lo que hacemos en los centros de salud, porque ellos no vienen si les pasa algo. Yo roté en un hospital, pero ellos no rotan por los centros de salud, aunque en muchos programas docentes ya está incluida la rotación obligatoria. Y deberían venir, porque tienen una ignorancia que no es malintencionada, pero que existe. Como en todas las especialidades, hay buenos y malos profesionales. Yo tengo pacientes que vienen del cardiólogo diciendo que le suba la pastilla que le receté. Le pregunto si le han auscultado y me dicen que no. El 80% de los cardiólogos no se levantan a explorar. No vale solo el papel y las pruebas complementarias, para eso ya tenemos la inteligencia artificial. Hay que tocar al paciente: si vas al digestivo te tiene que tocar la tripa, si vas al urólogo te tiene que meter el dedo en el culo, ¿si no, cómo sabe qué tienes?

P. Su tesis doctoral fue sobre epidemiología de la salud mental, que ahora está muy de actualidad.

R. Sí, me lo pasé pipa. Fue un diseño por el cual validamos un cuestionario de detección de ansiedad y depresión en Atención Primaria. Era muy joven y me iba en autobús por los pueblos, con 4.000 pesetas de financiación.

P. ¿Cómo ve la proliferación de problemas de salud mental ahora?

R. En esta sociedad estamos generando jóvenes estupendos, majísimos, pero en los cuales la salud es un bien de consumo y tienen una capacidad de frustración muy escasa. Estamos generando enfermedades que no lo son, son solo variantes de la normalidad. Se confunden emociones con problemas, no se saben gestionar y se visibilizan con problemas de salud mental. Queremos que alguien nos solucione la vida. Esto tiene que ver con la educación, con la educación sanitaria, en el autocuidado, el autoconocimiento. En quinto de Medicina les paso un test de screening y el 75% de mis alumnos puntúan positivo para ansiedad, depresión o ambos. Los jueves les digo que se vayan a emborrachar, a tomar pinchos, a disfrutar de la vida.

DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD

X/FORMACIÓN EN LA CALZADA https://x.com/FormacionCalzad

Una crema para bebés que colabora al genocidio

+ info:

https://hw4p.es/blog/sudocrem-para-bebes-pieles-irritadas-dana-gravemente-la-salud-en-gaza-y-toda-palestina

'GREAT Trust', el plan inmobiliario con el que Trump quiere convertir en negocio el genocidio en Gaza

La viñeta de Sansón en El correo

Emilia G. Morales/Público

El borrador del proyecto se llama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation -Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza- y en 38 páginas sienta las bases de la fantasía colonizadora que el presidente estadounidense, Donald Trump, proyectó hace unos meses sobre la Franja de Gaza. Entonces la llamó la "Riviera de Medio Oriente". Las siglas del proyecto en inglés, GREAT Trust, evocan el eslogan de la campaña electoral -Make America Great Again-, con la que el republicano reconquistó la Casa Blanca en 2024.

La presentación del proyecto ha sido publicada en exclusiva por el diario The Washington Post el pasado 1 de septiembre. En ella se detallan los pormenores de uno de los proyectos que baraja EEUU para el futuro de Gaza. El GREAT Trust se presenta como una oportunidad económica para inversores arriesgados. El coste de su construcción oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 millones de dólares, que se lograrían gracias a la creación del Fideicomiso de Tierras de Gaza. Este arrendaría, aproximadamente, el 30% de las tierras públicas de Gaza. El proyecto plantea que los gazatíes coloquen sus tierras en el mecanismo financiero, a cambio de las cuáles recibirían tokens. Estas propiedades, a su vez, se pondrían a disposición de inversores que ayudarían a reconstruir Gaza.

El proyecto promete a sus posibles interesados cuadruplicar su inversión inicial, a la par que se dispara el valor económico del enclave. Este progreso económico se presenta como algo relativamente fácil de lograr debido a que el borrador explica el colapso de la economía gazatí como un mero fracaso de Hamás. Ignora así que el empobrecimiento de la Franja se debe, sobre todo, al bloqueo al que fue sometida por parte de Israel y Egipto tras la llegada del grupo islámico al poder por la vía democrática.

La información publicada por el medio estadounidense viene a confirmar lo adelantado por el Financial Times a principios de julio, cuando se tuvo conocimiento por primera vez de este plan. Desde entonces hasta ahora se ha debatido mucho en torno a la autoría del borrador. Según el medio económico, en su desarrollo participó el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), un think tank creado por el expresidente británico con la mirada puesta en "acabar con el extremismo" en Oriente Medio. El TBI negó tajantemente tener nada que ver con dicho plan, si bien posteriormente confirmó que lo conocía y que su papel había sido el de "escuchar" las opciones que distintos grupos planteaban para el futuro de Gaza.

A su vez, el TBI señaló que parte del plan GREAT Trust llevaba la firma de miembros del Boston Consulting Group (BCG), una consultora estratégica global vinculada a la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada del reparto de ayuda en el enclave palestino. También la BCG negó tener ningún papel en el desarrollo del GREAT Trust. Al ser preguntados por The Washington Post a raíz de la publicación del borrador del plan, la consultora ha explicado que "el trabajo sobre el plan del fondo no fue aprobado expresamente y que dos sociosprincipales que dirigieron el modelo financiero fueron posteriormente despedidos".

El 27 de julio, Donald Trump se reunió con el mismísimo Tony Blair, con su yerno, Jarden Kushner y con el enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff en la Casa Blanca para discutir sobre el futuro de la Franja. Sea cuál sea este, Witkoff aseguró en Fox que el plan que están trazando "es muy exhaustivo" y que "mucha gente va a ver lo sólido y lo bienintencionado que es, y cómo refleja los motivos humanitarios del presidente Trump". Dado que no han transcendido detalles sobre el contenido de dicho encuentro no es posible saber si el GREAT Trust fue una de las opciones barajadas.

La salida a la luz del borrador permite conocer los pormenores del proyecto, con el que sus impulsores buscan rentabilizar el genocidio construyendo una suerte de hub tecnológico con plantas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de lujo y rascacielos. La visión que el plan proyecta sobre Oriente Medio engarza con la prioridades comerciales y geopolíticas de la Administración Trump.En el documento se nombra específicamente la importancia que el GREAT Trust tendría para el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Esta idea se maquinó en reuniones informales celebradas durante la cumbre del G20 en Delhi (India) en 2023. El objetivo, crear rutas alternativas al Canal de Suez que conectaran occidente y oriente, contaba con el pleno respaldo de EEUU. Recientemente, la relación entre India y EEUU se ha enfriado debido a la apuesta del país asiático de estrechar lazos con Rusia y China. En cualquier caso, el borrador del GREAT Trust, se redactó meses antes de la reunión que mantuvieron la semana pasada los líderes euroasiáticos.

Un 'hub' sobre las ruinas del genocidio

El plan del GREAT Trust enumera diez megaproyectos. El primero de ellos es el desminado de artefactos explosivos aún sin detonar y que actualmente están repartidos a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Israel ha vertido sobre la Franja el equivalente a siete bombas atómicas como la que arrasó Hiroshima en 1945. Así lo afirmó la relatora de la ONU para la defensa de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, durante su visita a España el pasado mes de junio para la recogida del Premio Público 2025.

Su desescombrado "podría tardar años", explicó a este periódico Haizam Amirah. El fundador del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC) afirmó entonces que quienes hablaban de la colaboración público-privada con otros países árabes para la tarea de desescombrado "saben que Israel no quiere hacerlo ni lo va a permitir", entre otras cosas, "porque no desea que vea ni verifique sus acciones" en la Franja.

En él también se recoge la creación de un centro logístico regional en Rafah con conexión a un aeropuerto y varios puertos que se crearían en Gaza. La ciudad, rebautizada como el Portal de Abraham también permitiría la conexión con infraestructuras de países vecinos gracias a la construcción de varias circunvalaciones, carreteras y tranvías alrededor de la Franja. Todo ello compondría el Corredor de Infraestructura Abrahámica, que aspira a ser una de las paradas obligatorias del IMEC.

Además, el proyecto contaría con: un Centro Regional de Agua con plantas solares y desalinizadoras en la Península del Sinaí, entre seis y ocho "ciudades inteligentes" impulsadas por la IA, resorts turísticos frente al mar e islas artificiales similares a las Islas Palmeras de Dubái, un Refugio Americano de Datos Seguros regulado por una IA estadounidense y una Zona de Fabricación Inteligente Elon Musk. Es decir, zonas industriales en las que se desarrollaría material de defensa, entre otras opciones.

El GREAT Trust no ignora una cuestión fundamental y es que, para erigir estos macroproyectos, primero tienen que apartar del territorio, al menos temporalmente, a los dos millones de palestinos que malviven en el enclave.

Dos fórmulas para desplazar a los palestinos

El desplazamiento forzado de una población de su territorio está tipificado por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra y de lesa humanidad. Los impulsores de GREAT Trust, en cambio, ven este delito como una mera transacción económica. Así, según el documento, el fideicomiso pagaría a cada palestino 5.000 dólares por marcharse de sus tierras. Además, le serían concedidos subsidios para cubrir los cuatro primeros años de alquiler en otro país así como un año de alimentos. El borrador del plan estima que aproximadamente medio millón de personas salgan de la Franja gracias a esta fórmula. Es decir, en torno a un 25% de su población. Según las estimaciones reflejadas en el borrador, sacar a los palestinos de Gaza tendría un precio de unos 5.000 millones de dólares.

Sin embargo, parece poco probable que los países vecinos acepten acoger a cientos de miles de palestinos. Especialmente, teniendo en cuenta que Egipto lleva desde el 7 de octubre limitando la entrada de ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza y muchos más años restringiendo el acceso al enclave, siguiendo la estrategia inaugurada por Israel en 2007, cuando Hamás se hizo democráticamente con el poder en la Franja de Gaza.

Tampoco parece que Jordania vaya a aceptar el traslado de la población a su territorio de manera tan abierta, donde actualmente existen diez campos de refugiados palestinos. No han sido pocas las tensiones que han mantenido a lo largo del siglo XX las autoridades jordanas y los grupos nacionalistas palestinos que se consolidaron en su territorio, como la Organización para la Liberación de Palestina.

La expulsión de los árabes de sus tierras se combinaría con una segunda opción: la reubicación de los gazatíes dentro de la Franja de Gaza. El borrador espera a que a este plan se acoja el 75% restante de los gazatíes. De ellos, estiman que el 90% necesitaría alojamiento temporal que, según el borrador contaría con infraestructuras de educación, agua y saneamiento. Dicho proyecto podría costar unos 6.000 millones de dólares. Este plan se parece peligrosamente a los barajados recientemente por el Gobierno de Benjamín Netanyahu (Likud), y que muchos expertos no dudan en calificar de "campo de concentración".

Es importante subrayar el evidente rechazo de la población palestina a abandonar sus tierras. Pese a los reiterados esfuerzos de Israel para expulsar a la población autóctona -se estima que un millón y medio palestinos han sido obligados a salir de sus tierras desde 1948-, esta continúa luchando por permanecer en sus tierras. Es de esta resistencia de donde surgieron, a finales del siglo pasado, grupos nacionalistas armados como los seculares como Fatah -ahora desmilitarizado- o los islámicos Hamás o la Yihad Islámica, responsables del 7-O.

Esta amenaza es bien conocida por los diseñadores de GREAT, que reconocen en el documento que la seguridad es su principal riesgo: "Gaza es un puesto avanzado iraní en una parte moderada de la región que amenazará la arquitectura IMEC/abrahamica y socavará cualquier futuro autogobierno palestino". Para combatir dicha amenaza, el documento evidencia que únicamente mediante la aniquilación de Hamás, el proyecto será posible. Esta idea casa con la dirección tomada por Netanyahu de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza-. Contra ella se han posicionado miles de israelíes debido al riesgo que supone para la veintena de rehenes que siguen vivos en el enclave.